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SEGUNDO SEMESTRE 2021 NÚMERO 32

ISSN: 1659-2069

Relaciones de poder en el orden del discurso: acceso de las mujeres al poder político

 

Jennifer Venegas Paniagua*

Stephanie Guillén Rivera**

 

https://doi.org/10.35242/RDE_2021_32_11

 

Nota del Consejo Editorial

Recepción: 19 de diciembre de 2020.

Revisión, corrección y aprobación: 5 de julio de 2021.

Resumen: La realidad social de las mujeres ha estado marcada por procesos de tensión constante relativos a su derecho de participación política. Este campo de análisis posibilita la discusión sobre la configuración de las relaciones de poder en la sociedad y, por ende, la producción y reproducción de condiciones de vida materiales y subjetivas, que subyacen en el desarrollo de la violencia de género, y que a su vez han determinado el surgimiento de movimientos de reivindicación de derechos. Históricamente la emisión del discurso ha sido restringida mediante diversos procesos de exclusión, desarrollados por Michel Foucault en El orden del discurso (1970). Estos se han evidenciado en el continuo impedimento a las mujeres de acceder a puestos políticos, porque la normativa no lo permitía, o bien, porque sectores hegemónicos no desean que las mujeres ocupen dichos cargos y emitan un discurso político, pues ello implica la cesión de una importante cuota de poder. Ante esto, se implementaron acciones afirmativas como la paridad y la alternancia para propiciar el respeto del derecho de las mujeres a ser electas. Dichas acciones evidenciaron que las respuestas normativas requieren también de cambios culturales que problematicen socialmente la violencia de género, y busquen articuladamente su erradicación.

Palabras clave: Mujeres / Participación política / Poder político / Paridad política / Alternancia por género / Exclusión / Relaciones de poder / Discurso / Violencia por razones de género / Derechos de las mujeres.

Abstract: The social reality of women has been marked by processes of constant tension related to their right to political participation. This field of analysis allows the discussion on the configuration of power relations in society and, therefore, the production and reproduction of material and subjective living conditions, which underlie the development of gender violence, and which in turn have determined the emergence of movements to claim rights. Historically the issuance of speech has been restricted by various processes of exclusion, developed by Michel Foucault in The Order of Discourse (1970). These have been evidenced by the continuous impediment to women from gaining access to political positions, because the regulations did not allow it, or because hegemonic sectors do not want women to occupy these positions and issue a political speech, since this implies the transfer of a significant share of power. In view of this, affirmative actions, such as parity and alternation were implemented to promote respect for the right of women to be elected. These actions showed that normative responses also require cultural changes that socially deal with problematic gender-based violence, and seek its eradication.

Key Words: Women / Political participation / Political power / Political parity / Gender alternation / Exclusion / Power relations / Discourse / Gender-based violence / Women's rights.

1. Introducción

En el presente artículo se pretende retomar los planteamientos de Michel Foucault (1970) sobre el orden del discurso, y relacionar su concepción de poder desde una perspectiva de género, de forma tal que se contribuya a dilucidar parte de las raíces históricas y culturales de la desigualdad y la violencia de género que han creado mecanismos de exclusión, control y coacción hacia las mujeres.

Contrario a lo que podría pensarse sin detenerse a observar su relevancia, la emisión de un discurso puede englobar un importante grado de poder. No obstante, en ciertos ámbitos esos discursos toman mayor relevancia, un ejemplo de ello es el campo del discurso político, del cual las mujeres han sido excluidas respecto a su producción, al obstaculizarles acceder a cargos políticos de elección popular.

De esta forma, se realizará un análisis sobre algunos procesos de exclusión mencionados por Foucault en la citada obra, que aportan a la reflexión sobre la estructura social y el sistema político hegemónico, pero también sobre la circulación del poder en las relaciones, en lo cotidiano, y en las vivencias habituales de las personas. Así mismo, se aborda la aplicación y efectividad del principio de paridad y el mecanismo de la alternancia, como acciones afirmativas que han debido implementarse en Costa Rica para procurar un mayor acceso de las mujeres en el ámbito político.

 

2. Aspectos teóricos: Relaciones de poder y orden del discurso desde la perspectiva de género

En relación con la desigualdad que subyace en la configuración de las relaciones de género, es importante comprender que las luchas de las mujeres se llevan a cabo en el marco de condiciones materiales y subjetivas. De acuerdo con Piedra: “existe así una distribución del poder que alude a los recursos materiales y simbólicos que a su vez integra las relaciones de género en sus percepciones y en el acceso que se tenga a los mismos recursos” (2004, p. 106).

En esta línea, existe un ámbito externo referente a la apertura de espacios y oportunidades para que las mujeres tengan una vida más digna en cuanto al ejercicio de sus derechos; esto puede manifestarse en conquistas a nivel de la institucionalidad, participación política, legislación, espacios profesionales y laborales, etc. A su vez, en la esfera de las subjetividades se llevan a cabo luchas ideológicas con grandes efectos sobre esa realidad material, en tanto existe un trabajo de reproducción cultural asociado a los ordenamientos sociales, con herramientas discursivas y lingüísticas presentes en los mecanismos hegemónicos interesados en perpetuar cánones morales como pautas legítimas de pensamiento y comportamiento.

A fin de no entender lo anterior como un condicionamiento estático en la cotidianidad de las mujeres, es preciso comprender las relaciones de poder en su carácter dinámico y complejo. Siguiendo a Piedra, se trata de:(...) diferenciar así entre un estado puro de «dominación» y la relación de poder que se construye entre quien asume la actitud de dominar y quien es dominado. La relación de poder es móvil y permite su modificación” (2004, p. 137). Lo cual es esencial desde una perspectiva de género como base teórico-práctica para luchar por transformar relaciones de violencia y dominación.

Las luchas históricas de las mujeres por acceso a derechos esenciales reflejan lógicas de resistencia encaminadas al acceso al poder político, con la finalidad de generar rupturas en la configuración tradicional y conservadora del género como construcción social y servible a las estrategias de dominación. Es importante tener en cuenta que la concepción de lo político va más allá de las dinámicas y lógicas partidarias. De acuerdo con Jiménez (2012), se entiende la política como actividad tendiente a la consecución, ejercicio y control del poder político que cada persona posee así sea en pequeña proporción a fin de proponer, controlar, persuadir o influir.

Ante esto, destaca la relevancia del estudio del discurso hegemónico y los discursos de resistencia, pues siguiendo a Foucault: “el discurso no es simplemente aquello que traduce las luchas o los sistemas de dominación, sino aquello por lo que, y por medio de lo cual se lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse” (1970, p. 6). Se reconoce así el dinamismo del discurso como herramienta que circula en el sistema social, y se materializa según la configuración histórica y contextual de las relaciones de poder. Por lo que cabe reflexionar sobre los alcances del discurso determinados por un funcionamiento estructural y direccionado que transita a la esfera de la cotidianidad, donde encuentra respuestas según los recursos materiales y simbólicos con que se cuente.

Comprendiendo estas relaciones, la producción del discurso es un proceso en el cual puede visualizarse la exclusión de diversos sectores en las labores de ordenamiento social, donde las mujeres han tenido lugares asignados e impuestos que han pretendido, históricamente, mantenerlas al margen de espacios y decisiones esenciales en el funcionamiento social, y la esfera política es uno de estos; todo lo cual, a su vez provoca respuestas de resistencia que buscan la transformación del discurso.

Foucault (1970) plantea de forma general una serie de procedimientos de exclusión en el orden del discurso, a partir de los cuales se pueden generar interrogantes desde una perspectiva de género, que conlleven analizar las limitaciones para la participación política de la mujer. Un primer elemento colocado por el autor es la “palabra prohibida”, donde destaca un sistema de exclusión tanto de lo que se dice como de quien lo dice, por ende, de sujetos privilegiados y legitimados con poder para hablar y de personas sin acceso a ello. ¿Tienen las mujeres acceso a ese poder, pueden hablar y expresarse sobre cualquier tema y en cualquier espacio?

Asimismo, se plantea la separación como otro sistema de exclusión, se trata del rechazo a todo discurso que no encaje en los parámetros establecidos, pues hay palabras no válidas dichas por personas que se clasifican también como no válidas, como “locas”, a quienes se les requiere separar. ¿Han sido las mujeres consideradas no válidas, “locas”, necesarias de separar de algunos espacios por no encajar en cánones establecidos?

El tercer sistema de exclusión referido es la oposición entre lo verdadero y lo falso, donde destaca el cuestionamiento sobre la voluntad de verdad en los discursos, es decir, discursos determinados por un saber hegemónico que crea verdades dominantes desde voluntades también dominantes; donde cabe preguntarse ¿cuál ha sido esa voluntad histórica que ha configurado la separación de las mujeres, su obstaculización para acceder al poder político?

De acuerdo con Foucault, estas separaciones: “están sostenidas por todo un sistema de instituciones que las imponen y las acompañan en su vigencia y que finalmente no se ejercen sin coacción y sin una cierta violencia” (1970, p. 8). Por lo cual se puede colocar en la discusión el papel histórico del Estado en dichos procesos de exclusión, como aquella institucionalidad con funciones de reproducción del orden social y, por ende, encargado de generar las condiciones para definir y comunicar cuáles son las “palabras prohibidas”, con las consecuentes separaciones sistemáticas de aquellas personas no válidas.

Lo anterior constituye una base teórica fundamental para comprender los determinantes históricos de la participación política de las mujeres; aquellos procesos de exclusión que inciden en el ámbito material y subjetivo de su cotidianidad y que, a su vez, han impulsado las luchas por reivindicar sus propias palabras, por explicar su realidad social desde la evidencia práctica, por generar rupturas en los campos dispuestos al rechazo, y por vislumbrar la voluntad de la verdad desde la cual se les ha querido excluir del legítimo espacio público y político.

Se visualiza así un análisis de las relaciones de poder no acabado en la perspectiva estructural institucional (esta es el marco de comprensión principal del saber hegemónico que ordena el discurso), pues, además, se retoma el análisis de Foucault sobre la circulación del poder en los espacios cotidianos, el cual brinda múltiples posibilidades de reflexión sobre la materialización práctica de esos sistemas de exclusión desde parámetros de tiempo y espacio. Tal como lo plantea Piedra:

(…) existen contextos históricos específicos que se definen a través de los discursos, instituciones, normas, valores, etc. Se construyen verdades que deben ser incorporadas en la sociedad. Para lograr dicha introyección se cuentan con varios instrumentos. Así, el sujeto es subjetivado a través del discurso. Se trata del discurso dominante, el discurso de poder y saber. Todos estamos a su vez traspasados por las relaciones de poder. Ejercemos poder sobre otros y se ejerce poder sobre nosotros. (2004, p. 125).

Es en dicha subjetivación a través del discurso, donde se vislumbra la voluntad de la verdad que excluye a las mujeres de espacios como la participación política, y que se explica no solo en las dificultades de acceso a los espacios, sino en lo que ocurre cuando se alcanza el acceso, es decir, cuando se logra estar en los espacios (conquistados o forzados). Se trata de la manifestación de ese trabajo alojado en las subjetividades, donde a pesar de abrir un espacio, no necesariamente se trastoca la voluntad de todas las personas para validarlo y es, por ende, donde se muestran manifestaciones de la exclusión que solo podrían visualizarse desde un análisis micro de las relaciones sociales.

De esta forma, el análisis de la voluntad de la verdad desde la cual se excluye conlleva no solo retomar las direccionalidades políticas e ideológicas con intereses en producir y reproducir una verdad legítima para el funcionamiento de la sociedad, sino también cuestionar los espacios más cotidianos, donde el lugar asignado a mujeres provoca expresiones de violencia sutiles que un discurso hegemónico buscará perpetuar y los discursos contra hegemónicos buscarán fisurar.

La reproducción de la vida humana históricamente delegó a las mujeres al espacio privado y a los hombres al espacio público, y esta asignación coloca al género como una de las bases que han configurado condiciones de exclusión contra las cuales actualmente se lucha. Tal como lo destaca Scott:

(…) Bourdieu ha escrito sobre cómo la "división del mundo", basada en referencias a "las diferencias biológicas y sobre todo a las que se refieren a la división del trabajo de procreación y reproducción", actúa como "la mejor fundada de las ilusiones colectivas". Establecidos como conjunto objetivo de referencias, los conceptos de género estructuran la percepción y la organización, concreta y simbólica, de toda la vida social. (1996, p. 26).

De lo mencionado se desprende que la exclusión hacia las mujeres al obstaculizar su participación en la producción de discurso, o bien su posicionamiento de resistencia al discurso hegemónico, tiene en su base manifestaciones de violencia simbólica que evidencian la complejidad de esta problemática, donde importa destacar que: “con la expresión «violencia simbólica» Bourdieu pretende enfatizar el modo en que los dominados aceptan como legítima su propia condición de dominación” (Fernández, 2005, p. 12). Todo lo cual puede explicarse en razón de la normalización de valores interiorizados y reproducidos de forma general en el imaginario social.

Se plantea así, la importancia de comprender la categoría de género como un determinante estructural en la organización de la sociedad, así como profundizar en el análisis desde un concepto de poder que circula entre sujetos activos con diferentes condiciones de vida y luchas por acceso a recursos; de acuerdo con Piedra:

(...) las formas de fuerza que se forman, actúan y se enfrentan en cualquier tipo de espacio, la familia, los aparatos de producción y los enfrentamientos locales, son el soporte de la relación que le da la fuerza, que le permite circular, que lo redistribuye, de acuerdo con las acciones que los sujetos realizan, de cómo reaccionen y cómo se relacionan. (2004, p. 137).

Dicha comprensión del poder conlleva visualizar una multiplicidad de símbolos y expresiones que contribuyen al establecimiento de pautas y valores alojados en las subjetividades, que transitan entre las relaciones sociales, con direccionalidades, significaciones y efectos vinculados al ordenamiento social. Tal es el caso de la función del lenguaje en el control y reproducción del pensamiento y el comportamiento, donde el discurso juega un papel fundamental. Foucault refiere al intercambio y la comunicación como elementos que juegan al interior de sistemas complejos de restricción donde el “ritual” en el discurso es determinante, en tanto:

Define la cualificación que deben poseer los individuos que hablan (...) define los gestos, los comportamientos, las circunstancias, y todo el conjunto de signos que deben acompañar el discurso; fija finalmente la eficacia supuesta o impuesta de las palabras, su efecto sobre aquellos a los cuales se dirigen, los límites de su valor coactivo. (1970, p. 24).

Lo anterior devela la complejidad de las relaciones de poder desde las cuales se conforman los espacios legitimados para el discurso; y dado que el discurso válido es el hegemónico, se entiende el establecimiento de sistemas de comprensión, interpretación y valoración de la realidad, donde se construyen “criterios fijos” que subyacen en la defensa de lo válido, y la exclusión de lo inválido, de las palabras permitidas y las prohibidas, de las personas legítimas y las ilegítimas; y, por ende, se producen y reproducen pautas de clasificación excluyentes, pues de acuerdo con Foucault, el orden del discurso está restringido cuando no se satisfacen exigencias o una persona no está calificada para entrar.

Queda por reflexionar cómo se han materializado estas restricciones en la vida cotidiana de las mujeres y en los procesos de lucha históricos de reivindicación de derechos esenciales como el acceso al discurso y poder político.

 

3. Reflexión práctica: Limitaciones y aportes en el acceso de las mujeres al poder político

Tal como se ha analizado, a lo largo de la historia y en muy variadas culturas, las mujeres han sufrido de múltiples limitaciones a sus derechos, a pesar de las distintas manifestaciones e intensidades con las que se dan. Debido a la concientización generada por los movimientos de mujeres sobre el derecho al sufragio femenino, en la promulgación de la Constitución Política de 1949, las mujeres costarricenses logran el reconocimiento de su derecho a votar y ser electas. Ello no es un logro menor; sin embargo, la votación de los constituyentes (todos hombres, valga decir) aún se encontraba muy dividida. Además, esta posibilidad es solo el inicio de un largo y lento camino de conquistas feministas, pues no abarca la totalidad de los derechos políticos; por el contrario, una de las restricciones que se continuaron evidenciando en este campo es la imposibilidad de que las mujeres participen del discurso político.

A pesar de que formalmente las mujeres podían acceder al puesto político que desearan, en la realidad se plasmaba una evidente inequidad, ya que existía un acceso diferenciado entre hombres y mujeres, pues se mantenían las barreras sociales e ideológicas que reproducían la discriminación hacia las mujeres. Es así como se puede observar la puesta en práctica de los procedimientos de exclusión mencionados por Foucault (1970), que no solo impedían la participación, sino que controlaban la producción del discurso político de las mujeres, violentando su derecho humano a ser electas.

Dichos procedimientos de exclusión, creados para suprimir ciertos discursos no deseados o para mayor precisión no deseables, han estado presentes en los espacios de decisión y participación política, donde las manifestaciones de violencia de género continuaron evidenciando que los derechos de las mujeres de acceder al poder político aún no eran respetados. Según Zamora (2018), en el caso de las diputaciones, para el año 1994 el porcentaje de mujeres era de 15,8 %; posteriormente, en 1996 se introdujo la obligación de respetar una cuota del 40 % en las nominaciones, lo que hizo que el porcentaje aumentara a 19,3 %, sin embargo, no había un verdadero respeto a los derechos de las mujeres, pues se incorporaban a las listas en los puestos no elegibles.

Incorporar a las mujeres en puestos no elegibles refleja una intencionalidad directa de separación y rechazo en los espacios de decisión y configuración del discurso político hegemónico. Se evidencia lo mencionado por el autor de El orden del discurso, referente al sistema de exclusión donde las personas son consideradas “locas”: “(…) el loco es aquél cuyo discurso no puede circular como el de los otros: llega a suceder que su palabra es considerada como nula y sin valor, no conteniendo ni verdad ni importancia (…)” (Foucault, 1970, p. 16). Puede esta afirmación relacionarse con lo ocurrido con las mujeres, quienes comúnmente reciben los adjetivos de histéricas, paranoicas o simplemente “locas”; términos que buscan desacreditar el valor de sus palabras y ubicarlas en una posición social de exclusión, semejante a la otorgada a las personas con enfermedades mentales o a las personas menores de edad, respecto de quienes se considera no tienen los mismos derechos que el resto de la sociedad.

Siguiendo a Zamora (2018), la ubicación de las mujeres en los puestos no elegibles hizo que el Tribunal Supremo de Elecciones, mediante su sentencia n.° 1863-99 de 1999, interpretara que esa cuota de participación obligada para las mujeres debía ser aplicada en los puestos elegibles, lo que causó que el porcentaje cambiara a un 38,6 %. Aunque se dio una mejoría porcentual de la participación de mujeres, se estaba muy lejos de alcanzar un porcentaje similar al ostentado por los hombres; debido a esa problemática, se hizo necesario implementar acciones afirmativas que balancearan el decepcionante panorama. Así que a partir del año 2009 entró en vigencia la reforma al Código Electoral que introducía, mediante su artículo 2, la obligación de los partidos políticos de aplicar el principio de paridad y el mecanismo de alternancia.

Según dicho artículo, la paridad significa que todas las delegaciones, nóminas y demás órganos pares deben integrarse por 50 % de mujeres y 50 % de hombres, además, la diferencia en el total de hombres y mujeres no puede ser superior a uno en caso de que las delegaciones, nóminas u órganos sean impares. Por su parte, la alternancia se refiere a que en las nóminas no puede haber de forma consecutiva dos personas del mismo sexo.

Lo anterior tampoco causó el resultado esperado, pues para el año 2014 las cifras de mujeres electas diputadas bajaron al 33,3 %. De ahí que no basta con una normativa respetuosa de los derechos si la sociedad no lo es. Además, tal como se podía prever, esta reforma se ha acompañado por el rechazo de distintos sectores, a pesar de cuán impactante es que en la actualidad sean necesarias estas acciones.

Es así que a pesar de las reformas normativas, continúan operando los sistemas de exclusión, pues como se dijo, además de la separación y el rechazo, Foucault expone la oposición entre lo verdadero y lo falso, planteando la existencia de una voluntad de verdad según las relaciones de poder, en la que aún esa voluntad imperante no quisiera permitir que las mujeres expresen lo que consideran verdadero, basándose en una supuesta inferioridad de las mujeres, considerando que sus expresiones no son correctas, inteligentes o en una palabra razonables.

Además, dentro de los procedimientos que controlan el discurso, menciona el autor el enrarecimiento de los sujetos que se expresan, sobre el cual establece que:

(…) nadie entrará en el orden del discurso si no satisface ciertas exigencias o si no está, de entrada, calificado para hacerlo. Más preciso: todas las regiones del discurso no están igualmente abiertas y penetrables; algunas están altamente defendidas (diferenciadas y diferenciantes) mientras que otras aparecen casi abiertas a todos los vientos y se ponen sin restricción previa a disposición de cualquier sujeto que hable. (Foucault, 1970, p. 39).

Las mujeres han sido presentadas como un sujeto extraño al ámbito público, que no tiene la capacidad para participar en la política por no ser este un campo con pocas implicaciones; por el contrario, se les permite sin cuestionamientos expresarse sobre temas que se consideran insignificantes como labores domésticas, moda, entre otros; incluso se asumen prejuicios sexistas en torno a ello. Por lo que estas actividades son regiones abiertas a cualquier persona, mientras el ejercicio del poder político requiere calificaciones que se consideran ausentes en las mujeres.

Es así como debido a los resultados negativos de la elección del 2014, para las elecciones del año 2018 nuevamente fue necesario introducir interpretaciones y cambios en la normativa y jurisprudencia electoral, pues se evidenció que, a pesar de las reformas realizadas, la voluntad partidaria continuaba excluyendo a las mujeres; y fue hasta la última elección que se contó con el porcentaje más alto (45,6 %) de mujeres electas. Quedó claro que la violencia de género ha permanecido profundamente arraigada en el imaginario social, y ha evidenciado tanto los obstáculos a nivel institucional como a nivel ideológico, donde los mecanismos formales, además de muy recientes, no son los únicos necesarios.

Incluso, si una mujer logra desempeñar este tipo de cargos en el ámbito político, se le impone que debe comportarse conforme los cánones morales que regulan o se asignan conforme a distintos roles de género, lo que se relaciona con otro de los sistemas de restricción expuestos por Michel Foucault, el ritual, que define el conjunto de signos que deben acompañar al discurso, como los gestos, comportamientos y circunstancias. Así que el mismo discurso político no causará idénticas reacciones independientemente de si lo emite un hombre o una mujer, al considerar al primero más legítimo.

Algunas personas afirman que no se debería “obligar” a los partidos políticos a incorporar mujeres en sus nóminas por el simple hecho de ser mujeres, sino que quienes ocupen estos puestos deben ser personas con la capacidad y conocimientos necesarios para ejercerlos. Pero este argumento en sí mismo refleja discriminación y falta de racionalidad, al suponer que no hay mujeres igual de capaces que los hombres para desempeñar dichos puestos. Y de no ser por la paridad, la alternancia y las interpretaciones posteriores de la normativa, las mujeres ocuparían una cifra ínfima e incluso inexistente como en años anteriores, pues aún no existen las condiciones sociales para prescindir de las acciones afirmativas.

Ocupar esos cargos implica una cesión del poder que ha sido monopolizado por los hombres. Por lo que se puede notar la importancia y elocuencia del discurso, emitido por Foucault, quien sostiene que:

(…) en toda sociedad la producción del discurso está a la vez controlada, seleccionada y redistribuida por un cierto número de procedimientos que tienen por función conjurar los poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y temible materialidad. (1970, p. 5).

Este tipo de acciones afirmativas alcanzadas mediante la vía legal, si bien no reflejan la totalidad de las medidas necesarias, permiten acercarse a una mayor igualdad material. De ahí que se expliquen las reacciones negativas ante ellas, pues implica una importante pérdida de poder del que se ha privado a las mujeres y que se ha evidenciado en mayor plenitud en el ámbito político. Recordando así que en forma histórica la construcción social de lo femenino ha colocado a la mujer en el espacio privado, al margen de la participación en las decisiones políticas del espacio público, y aunque se cuente con múltiples avances a nivel material, existen cánones morales que continúan operando, y que son defendidos por quienes no desean perder ese control social sobre las mujeres.

Por ello es posible afirmar que la defensa de estas acciones es racional y permite acercarse a un estilo de vida más equitativo entre hombres y mujeres. Posee racionalidad, pues su elección cumple con los parámetros mencionados por Hospers (1964) citado por Haba (2015), en tanto es imparcial, libre e ilustrada. Es imparcial porque contrario a lo que sucede con algunos hombres y explica su temor a permitir la inmersión de las mujeres en el discurso político, las mujeres no gozan de privilegios en razón de su género, sino que sufren de variadas manifestaciones y grados de violencia; es libre, pues no se ejercen presiones importantes para preferir este estilo de vida, y es ilustrada, ya que se conoce personalmente los efectos negativos de la existencia y continuación de la violencia contra los derechos de las mujeres.

Así mismo, ese peligro mencionado por Foucault es, en este caso concreto, la posibilidad de que las mujeres expresen sus pensamientos y sentires no solo respecto a la problemática de género, sino en cuanto a múltiples temas de relevancia nacional e internacional. Permite también, posicionarse como sujetos con igual dignidad que los hombres. Así como ser parte de la toma de decisiones que las afectará a ellas y a la sociedad en general. Pero se deja de lado que el feminismo busca una cuota equitativa de poder, y no ejercer todos los valores del polo contrario respecto de los derechos humanos, como el control y la subordinación del género opuesto.

Por ello, además de otras razones, se explica que la dificultad en la ocupación de los mencionados puestos se perciba en ocasiones como una situación natural o bien, que un verdadero cambio es una expectativa utópica de alcanzar. A pesar de esto, lo cierto es que este escenario es completamente cultural; al respecto, sostuvo el autor en mención que: “todo sistema de educación es una forma política de mantener o de modificar la adecuación de los discursos, con los saberes y los poderes que implican” (1970, p. 27).

Con lo cual es preciso retomar la idea del poder como aquel que transita en las relaciones y que, por tanto, puede ser modificado si se cuenta con acceso a recursos. Si las mujeres han luchado por posicionarse como personas válidas sujetas de derecho, capaces no solo de participar en el espacio público, sino de incidir en la sociedad, mediante el impulso de discursos de igualdad, de políticas, programas y leyes más justas; esta labor debe ser complementada por toda la sociedad, y para esto se debe transformar la voluntad que ha establecido los mecanismos de exclusión, por una voluntad política de transformar las condiciones donde se configura y normaliza el género, como lo son los procesos educativos, los medios de comunicación y, en general, la direccionalidad de las instituciones.

Con base en lo planteado, se puede visualizar la tensión existente en la producción del discurso hegemónico y los discursos que desde posiciones subordinadas pueden y requieren lograr rupturas, no solo formales e institucionales, sino también en los espacios más cotidianos donde subyace la reproducción de la vida social; mediante la construcción, interiorización y exteriorización de valores, cánones, pautas que regulan el comportamiento y el pensamiento humano.

Así que existe la posibilidad de procurar y alcanzar una transformación beneficiosa para la equidad de género y, por ende, para la sociedad en general. Una herramienta fundamental para conseguirlo es precisamente el discurso, aunque inicialmente pueda resultar algo paradójico y la incidencia en los discursos a gran escala se torne difícil, hay quienes se mantienen luchando por alcanzarlo; además, son indispensables las acciones en espacios cotidianos, por ejemplo, una educación que lleve a cabo la puesta en práctica del discurso en pro de los derechos humanos de las mujeres y así se aporte a deconstruir la cultura patriarcal. Por lo que, a pesar de la dificultad que ello trae consigo, se intenta posicionar que los avances jurídicos deben articularse con estrategias institucionales direccionadas a incidir en los procesos de socialización de los roles de género.

 

4. Conclusiones

El análisis realizado refleja la importancia de profundizar en el conocimiento sobre la organización de la sociedad, destacando el género como categoría central en la configuración de las relaciones humanas. Lo anterior, pues existen posicionamientos que rechazan las discusiones de género en los estudios sobre la realidad social, así como en la creación de políticas y legislación. Sin embargo, se considera fundamental que la problematización del género sea incluida desde la transversalidad e interseccionalidad en los procesos de socialización y aprendizaje, a fin de generar rupturas estructurales que detengan la reproducción de violencia material y simbólica.

Tal como fue descrito, la historia de las luchas por erradicar la violencia de género evidencia un estilo de vida justificable racionalmente; con la consecuente comprensión de que se requiere reivindicar los derechos de las mujeres, excluidas de espacios de decisión política, a quienes se les ha negado la posibilidad de incidir en el discurso con miras a generar procesos de transformación.

Se pudo evidenciar la búsqueda de la equidad formal entre hombres y mujeres mediante reformas normativas e interpretaciones jurisprudenciales; sin embargo, los hechos han distado de permitir que las mujeres ocupen puestos políticos en igualdad de condiciones que los hombres. Entre diversas causas, se ha señalado el peligro de permitir su acceso a campos que implican ostentación de poder, lo que en la sociedad patriarcal genera recelo y resistencia en personas y sectores por todo lo analizado sobre la construcción social del género en los procesos de control y exclusión.

Por lo tanto, son necesarios cambios culturales alcanzados precisamente mediante la producción de discursos educativos que fomenten el respeto a las mujeres como seres completamente iguales en derechos y dignidad que los hombres, lo que podría permitir erradicar la violencia de género en todas sus dimensiones. Para ello, el primer paso es percibir que la exclusión de las mujeres del ámbito político consiste en una verdadera forma de violencia, no menos negativa que las expresiones más evidentes.

Referencias bibliográficas

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